Medida tiene como fin evaluar beneficios excesivos de exmandatarios en materia de vales de gasolina, asesores y protección policial. Decisión surge a raíz de norma promulgada por Humala sobre resguardo vitalicio para él y su familia.

Una fuerte polvareda política levantó el proyecto de ley presentado por la bancada de Fuerza Popular que propone modificar el decreto supremo aprobado por el gobierno del expresidente Ollanta Humala que dispone para él y su familia resguardo policial de por vida.

La propuesta fujimorista intenta dejar sin efecto la norma que establece privilegios de seguridad para el exmandatario nacionalista.

Consultada sobre este tema, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, se mostró anoche a favor de revisar la iniciativa legislativa de autoría de su bancada en ese sentido.

“Sé que se han presentado algunos proyectos, no los he visto todavía, pero creo que lo que se ha dado (privilegios) me parece en demasía y podría revisarse”, señaló Salgado en el programa Agenda Política.

En ese sentido, indicó que tiene discrepancias con el decreto supremo promulgado por Ollanta Humala en el que dispone seguridad vitalicia para él y su familia.

Es más, cuestionó que, en el marco de los privilegios con que cuentan los exmandatarios, se entregue incluso dinero en efectivo por concepto de “vales de gasolina” a un expresidente, en alusión a Alejandro Toledo.

“A los de la Mesa Directiva somos los únicos a quienes nos dan vales de gasolina, nos dan en vales y los vales que no utilizas tienes que devolverlos; pero resulta que a él (expresidente) le dan en efectivo, y eso, dinero en efectivo para gasolina, no me parece correcto”, sostuvo.

DEFIENDEN PROYECTO. Sus colegas fujimoristas respaldaron la iniciativa legislativa que pretende eliminar los privilegios de seguridad a Humala. Karla Schaefer, por ejemplo, señaló que el Congreso no está para pagarle gastos de gasolina, asesores ni protección policial al exmandatario. “El país no está para esto; por último, que lo haga a través de la PCM, pero el Congreso no está para pagarle asesores ni gasolina a un expresidente”, expresó enfática.

Recordó que cuando Humala aún era presidente, existía un nutrido resguardo policial en su domicilio en el distrito de Surco. “Su casa la cuidaban más carros que los que tiene la Dirincri de la región Piura. Tenía cuatro patrulleros inteligentes, doble cabina y policías motorizados”, aseguró.

“Él (Humala) no debería tener tanto resguardo, pero si tiene tanto miedo, entonces debe ser por algo”, agregó.

Dejó en claro que, en el peor de los casos, el único que sí debería tener este resguardo policial es el exmandatario, pero no toda su familia.
Por su parte, el legislador Javier Velásquez Quesquén (APRA) manifestó que es necesario que se eliminen estos beneficios. “Apoyaré que se derogue el decreto supremo que promulgó Ollanta Humala que protege a toda su familia. Se debe mantener la ley que existía antes”, apuntó.

A su juicio, no hubo ningún hecho que haya puesto en peligro la seguridad de los expresidentes; por lo tanto, no es conveniente que este privilegio se extienda a sus familiares. “El señor Humala desmedidamente ha pedido este beneficio”, señaló.

Convencido de que esto abarcaría un gasto extra para el Estado, sugirió que si el Partido Nacionalista pretende brindarle seguridad a su líder, debe hacerlo con su propio dinero. “Si ellos quieren aumentar la protección de seguridad a la familia de Ollanta Humala, que la paguen con su plata. Que contraten una compañía de seguridad privada”, afirmó.

En la misma línea, Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, calificó esta medida de una exageración y un despropósito.

“Nosotros denunciamos que esas medidas constituyen una exageración, y ciertas gollerías que ha querido imponer el propio señor Humala para él y su familia no corresponden a la costumbre de la legislación”, aseguró.

Asimismo, subrayó que los efectivos policiales deben estar al cuidado de la ciudadanía, mas no de los exinquilinos de Palacio de Gobierno. Para ella, solo Ollanta Humala debería gozar de protección policial.

En otro momento, León afirmó que los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala usan “los beneficios del poder para contar con asesores, oficinas, secretarias, protección, entre otras cosas”, en su condición de exmandatarios.

Al ser consultada sobre si Alan García también ha solicitado estos beneficios, precisó que solo cuenta con seguridad personal.

VENGANZA POLÍTICA. Desde el nacionalismo no tardaron en responder a los cuestionamientos realizados al expresidente Humala.

El excongresista Agustín Molina, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Gana Perú, aseguró que el eventual retiro de la seguridad a su líder sería un abuso de poder y un exceso por parte de Fuerza Popular.

“Ya estamos acostumbrados a toda la arremetida del fujimorismo que, prácticamente, está cometiendo abusos de sus funciones”, señaló.

El exlegislador dijo que este “ensañamiento” solo respondería al temor que le tendría Fuerza Popular a los integrantes de Gana Perú porque “el nacionalismo representa un peligro” para las aspiraciones fujimoristas en las próximas elecciones regionales y municipales de 2018 y generales de 2021.

“Lo que quieren es eliminar, pulverizar definitivamente a todo el nacionalismo para que no sean protagonistas en las futuras elecciones”, precisó.