Gobierno modificó Ley General de Presupuesto 2015 al amparo de facultades otorgadas por Congreso

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Juan Carlos Eguren exige inmediatas explicaciones al premier Pedroi Cateriano y el ministro de Economía, Alonso Segura.

El congresista Juan Carlos Eguren (PPC), denunció que el Poder Ejecutivo incurrió en una grave ilegalidad e inconstitucionalidad al modificar la Ley general del Presupuesto 2015 a través de un decreto legislativo aprobado al amparo de las facultades delegadas por el Congreso con miras a reactivar la economía nacional.

Sostuvo que el Decreto Legislativo 1176 (Decreto Legislativo para promover, fomentar y agilizar la inversión pública), en su numeral 3.1 del artículo 3 establece el 31 de julio del 2015 como nuevo plazo para las transferencias destinadas al financiamiento de proyectos de inversión pública violando flagrantemente la Ley 30281 (Ley de Presupuesto del sector publico 2015), que fija como fecha límite para dichas asignaciones el 30 de junio de este año.

«El nuevo plazo establecido publicado por el decreto Legislativo 1176, publicado en el Diario Oficial el sábado 4 de julio, resulta ilegal e inconstitucional porque la Constitución, en sus artículos 101 y 104, establece claramente que en materia relativa a la Ley de Presupuesto no puede haber delegación de facultades; se ha modificado una disposición expresa de la Ley de Presupuesto y ese es un asunto sumamente grave», enfatizó Eguren.

El legislador manifestó que corresponde al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano y al ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, dar inmediatamente las explicaciones del caso, “pues ambos pueden ser pasibles de una denuncia y acusación constitucional por esta grave violación a la ley y la Constitución”.

Sostuvo que el Ejecutivo inicia con mal pie el uso de las facultades delegadas en materia económica al violar la Ley de ¨Presupuesto 2015. «Si así empiezan, no imaginamos cómo podría terminar», ironizó Eguren.

Eguren recordó que el Congreso aprobó conceder al Ejecutivo facultades para legislar en materia económica a fin de dictar las medidas necesarias para agilizar las inversiones en el sector público en un contexto anticíclico y hacer frente a la desaceleración de la economía, “pero lamentablemente empiezan violentando la Constitución y la Ley de Presupuesto».

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