Especialistas alertan que no hubo estrategia preventiva y aconsejan a PPK que cambie a equipo de negociación.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) heredó más de 200 conflictos sociales del saliente régimen de Ollanta Humala. De esta cantidad, se estima que el 71% son de tipo socioambiental, y se encuentran ubicados en zonas donde destacan actividades extractivas bajo proyectos de empresas mineras o hidrocarburos.

Además, se ha podido observar que durante en último quinquenio se produjo un traslado de estos problemas sociales del norte al sureste del país, donde el departamento de Apurímac figura como la región más afectada. Un informe presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que los conflictos sociales presentes durante el periodo nacionalista se agudizaron al punto de dejar al menos 50 muertos y 750 heridos en todo el territorio nacional.

Para José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y economista de CooperAcción, el gobierno de Humala, así como el de sus predecesores, no contó con una estrategia que permita tener un carácter más preventivo e integral en la búsqueda de la resolución de estos desacuerdos.

“Está claro que no ha habido una estrategia preventiva. No hay un sistema nacional que permita tener una mirada integral hacia los conflictos. Creo que los diagnósticos han estado desfasados y las consecuencias son aquellas que hemos visto los peruanos en los últimos años”, sostiene.

Por su parte, el especialista en gestión de conflictos, Julio Schiappa, sostiene que el mandato de Humala se caracterizó por un trabajo masivo y desordenado de los ministerios, lo cual dificultó que este sintonice con las necesidades de la población. Estos equipos, argumenta, no contaban con la experiencia necesaria para hacer frente a los problemas que surgieron en Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa).
Ausencia política

Durante los últimos meses, el Perú estuvo al pendiente de las promesas y metas que tendrá el nuevo gobierno con miras al bicentenario. Sin embargo, de acuerdo a De Echave, la ausencia del manejo de conflictos sociales durante el discurso de jefe del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, muestra un panorama preocupante en el trabajo que se gesta desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Me da la sensación de que no hay una estrategia adecuada. La Oficina Nacional de Conflictos Sociales, ubicada en la Presidencia del Consejo de Ministros, aparentemente no ha desarrollado una estrategia que permita innovar un poco la manera en que el Estado peruano ha abordado hasta ahora los conflictos. Eso para mí es un indicador preocupante”, expresa.

El experto de CooperAcción, indica que es necesario que el Estado realice un primer diagnóstico de lo que está ocurriendo en el territorio nacional, con el fin de establecer una política más preventiva que reactiva. Opina que este trabajo articulado debería contar con el apoyo de los ministerios, cuyas autoridades deben estar presentes en las zonas donde se producen los conflictos. En este aspecto, Schiappa difiere al sostener que lo ideal debería ser tener un equipo capacitado y de menor proporción, integrado por miembros de la zona donde se registra el conflicto social.
Bomba de tiempo

El proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región Apurímac, ha sido considerado por los especialistas como el plan más importante de la historia de la minería en el Perú con un monto superior a los 10 mil millones de dólares de inversión y una influencia en el crecimiento del PBI estimado en 1.5%. Sin embargo, en setiembre de 2015 estalló un conflicto en la zona que provocó enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas. Desde entonces, se ha sostenido un ambiente de constante discrepancia por las modificaciones que se han realizado en el proyecto, los cuales, según dirigentes de la zona, no fueron informados debidamente a la población.

Pese al estallido de este hecho y la tensión social que se vive en la zona, la mesa de diálogo tuvo su primera sesión a fines del mes de febrero de este año, es decir, cinco meses después de lo ocurrido en Cotabambas. En aquella oportunidad, la agenda contempló cuatro ejes temáticos: medio ambiente, derechos humanos, desarrollo sostenible y responsabilidad; sin embargo, las comunidades campesinas han afirmado que las autoridades no han logrado concretar acuerdos que respondan a sus demandas a través de una comunicación horizontal e intercultural.

José de Echave manifiesta que existen tres aspectos que ponen en riesgo un posible acuerdo entre la comunidad y la empresa minera MMG Limited, a cargo de Las Bambas. Las cinco modificaciones que ha tenido el proyecto, y que se habrían realizado sin adecuados mecanismo de información para la población, ha generado una ola de inseguridad con respecto a los beneficios

del canon minero que los pobladores de la región esperan recibir en los próximos años.

Asimismo, detalla que los reclamos de los pobladores también están relacionados con la negociación de tierras y el desplazamiento que esto representaría para los habitantes de la zona. Por último, la contaminación ambiental causada por el transporte del mineral por carretera ha incrementado de manera sustantiva en una vía que no es asfaltada, que pone en riesgo la vida de las personas.

“La población no se opone al proyecto minero. No está diciendo que este se vaya o se paralice. Lo que desean los pobladores es que sean informados y también se beneficien”, exhorta.

Por su parte, Julio Schiappa es enfático al manifestar que el gobierno de PPK debe cambiar a los equipos de negociación en temas de conflictos sociales de los ministerios de Energía y Minas, Vivienda y de la PCM. Además, resalta que Las Bambas debe contar un grupo capacitado y permanente en la zona para poder dialogar con las comunidades quechua hablantes.

“En general, el gobierno está logrando levantar el optimismo en la población y la moral de un pueblo es absolutamente esencial para resolver el problema. Por eso, en los primeros cien días, es clave dar este paso en el área de conflictos sociales, que se podría convertir en el nuevo talón de Aquiles del nuevo régimen”, resalta.