Un proyectil le atravesó el tórax. Según la Policía, se trata de un perdigón, pero existen dudas.

Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y un sector de la población de Islay que se opone al proyecto minero Tía María cobraron su segunda víctima mortal. Esta vez fue un trabajador de construcción civil quien falleció en la madrugada de ayer por un shock hipovolémico debido al impacto de tres proyectiles.

HERIDA MORTAL. Según el informe de la necropsia de ley practicada en el hospital de Mollendo, Jenrry Checya Chura (35 años) recibió tres disparos por la espalda, uno de los cuales atravesó el pulmón izquierdo provocándole una laceración severa.

Los peritos de la Policía confirmaron que el cuerpo de Checya presentaba tres orificios, dos de ellos con entrada y salida, mientras que el tercer orificio aún conservaba restos de un perdigón de plomo.

Los resultados de la necropsia fueron: hematórax masivo izquierdo, laceración pulmonar y herida contuso penetrante en el tórax originada por un proyectil (perdigón).

Y aunque continúan las investigaciones para determinar en qué circunstancias fue alcanzado por los proyectiles, trascendió que el manifestante habría participado en las protestas suscitadas en la madrugada del martes en la avenida Túpac Amaru y en el sector de Alto Inclán.

Cabe mencionar que en dichos enfrentamientos con la Policía también resultaron heridas dos personas identificadas como Eduardo Alonso Vilca Tairo (20) y Julio César Rojas Luque (21). El primero tenía una herida en la región lumbar; y el segundo, un traumatismo dorsal por perdigones. Ambos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado en Arequipa y se encuentran fuera de peligro.

DESENCUENTRO. De otro lado, la Policía Nacional envió ayer un comunicado en el que lamenta los hechos suscitados la noche del 4 de mayo en Mollendo donde una persona murió y otros dos quedaron heridas.

Asimismo, señalaron que el fallecimiento de Checya Chura se produjo a causa de una herida producto del impacto de “un proyectil de plomo calibre 12 o 14”.

“Ante el llamado de pobladores denunciando acciones violentas que atentaban contra la propiedad privada, los efectivos policiales acudieron a los alrededores del mercado Túpac Amaru, ubicado en el anexo de Alto Inclán, a fin de restablecer el orden público”, detalla la Policía.

En ese sentido, informó que un equipo de la Inspectoría General de la PNP ha iniciado las investigaciones administrativas y disciplinarias “para que se establezcan las responsabilidades pertinentes”.

Finalmente, reiteró su disposición en el uso de armas no letales y el respeto de los derechos humanos.

Más temprano, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, recordó que desde el inicio del conflicto social la posición del Gobierno ha sido un llamado al diálogo y a la paz.

“Lamentamos este fallecido y los dos heridos, pero quiero indicar lo siguiente, mi apoyo es a la Policía Nacional que viene enfrentando este conflicto con 120 heridos”, resaltó.

Pérez Guadalupe distinguió la libre manifestación de aquellas que causan daños a la propiedad, bloquean carreteras y agreden a la Policía.

“No se puede permitir que unos delincuentes disfrazados de antimineros ataquen la estación de bomberos, las viviendas y la comisaría. Aquellas personas que atacan con piedras son delincuentes que agreden a la autoridad y la Policía tiene todo el derecho de protegerse y repeler el ataque”, dijo ayer.

QUE SE INVESTIGUE. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo exigió -a través de un comunicado- “una investigación inmediata” respecto a la muerte de un civil en las protestas en Islay, “y una explicación convincente sobre el comportamiento de los miembros de la Policía Nacional” en relación al uso de la fuerza.

“La PNP es la institución encargada de brindar seguridad a la ciudadanía y su respuesta a provocaciones o agresiones tiene que ser profesional, lo cual implica el empleo racional, necesario y proporcional de las armas de fuego y de la fuerza en general”, señala el oficio.

El comunicado refiere además que la Defensoría del Pueblo continúa haciendo gestiones ante el Poder Ejecutivo y ante los alcaldes y dirigentes de Islay.

Finalmente, cabe mencionar que comisionados de la Oficina Defensorial de Arequipa visitan hospitales y el Instituto de Medicina Legal para verificar la situación de los heridos y revisar el protocolo de necropsia practicado a la persona fallecida.