Polémica por hábeas corpus que favorece a Primera Dama y su entorno causa controversia y desacuerdos. Congresistas piden que se sancione a magistrados.

El cuestionado fallo del Poder Judicial que libró a la primera dama Nadine Heredia y a todos sus allegados de la investigación que se les seguía por lavado de activos ha abierto más que una polémica en los poderes del Estado.

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Incluso obligó a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, a marcar distancia de la posición que otros miembros del Gobierno han tomado con respecto a la decisión judicial que “blinda” a la esposa del Mandatario y a 13 personas de su entorno, entre ellas su madre, Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia y su amiga Rocío Calderón.

Ayer, al ser consultada sobre la resolución de la Sexta Sala Penal de reos libres de Lima, Marisol Espinoza rechazó el dictamen al afirmar que “no se ajusta a derecho”.

“Los hábeas corpus son derechos personalísimos así como los delitos son personalísimos. En algunas situaciones hay demasiadas especulaciones. Si alguien se para junto a un persona que tiene un delito, automáticamente por extrapolación asume todos los delitos. Situaciones como estas, que se han venido presentando, no se ajustan a derecho”, declaró a la prensa.

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En ese sentido, mencionó que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público “tienen la obligación de respetar el derecho de manera estricta como dice la ley”. Por ello pidió a las autoridades judiciales involucradas a que expliquen por qué ampliaron los beneficios del hábeas corpus planteado por Heredia a los otros involucrados en la pesquisa.

“El llamado que haría como congresista a los actores involucrados en impartir justicia es que lo hagan de acuerdo al derecho (…) Que expliquen a que cánones, a que artículos, a qué decretos, a qué tipo de legislación se ajusta (esta medida)”; puntualizó.

“NO ES LA VOCERA”. Horas después, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Cateriano, desestimó la opinión de la primera vicepresidenta haciendo clara alusión a que ella “no es vocera del Gobierno”.

“La vicepresidenta del país tiene su opinión y yo como presidente del Consejo de Ministros tengo la mía. Yo soy el vocero del Gobierno, la vicepresidenta no es la vocera del Gobierno”, afirmó al ser consultado sobre el particular.

Más adelante, Pedro Cateriano deslindó que el gobierno central haya utilizado sus influencias para favorecer a la esposa del jefe de Estado, Ollanta Humala, sin embargo, defendió la legalidad de la disposición.

“Sin ser abogado de la Primera Dama confío en que todo está dentro del tema de la legalidad. Los que administran justicia son los jueces. Naturalmente, las resoluciones judiciales están sujetas a críticas. Es un derecho constitucional”, expresó.

Mientras esto ocurría en el Centro de Convenciones de San Borja, Nadine Heredia retuiteaba las declaraciones del Premier en señal de respaldo.

Por su parte, a través de la misma red social, el nacionalista Omar Chehade brindaba su respaldo a Marisol Espinoza de la siguiente manera: “Vicepresidenta Marisol Espinoza, a diferencia de otros, ha sido investida en las urnas por el voto del pueblo”.

RESPUESTA. Entre tanto, la también congresista oficialista respondía a Pedro Cateriano recordándole su posición dentro del cronograma del Estado al sostener que ella no es un funcionario “elegido a dedo”.

“Yo soy vicepresidente de la República y tengo un mandato constitucional. No soy un funcionario de confianza elegido a dedo. Tanto en el nivel Ejecutivo elegida en el marco de una plancha presidencial y, en el Congreso (…) Él es un constitucionalista y, revisando la Constitución, a mí me corresponde después del Presidente el segundo lugar”, comentó en Canal N.

Asimismo, ratificó sus comentarios previos sobre el fallo del Poder Judicial respecto al hábeas corpus presentado por la Primera Dama.

“Es un comentario en el cual hay jurisprudencia constitucional. Está la sentencia 2880 y 5761 que señala exclusivamente al tema en que me referí sobre los procesos de hábeas corpus que solamente involucran a las partes que la presentan y si tienen que solicitar otras personas, lo solicitarán”, precisó.

Este argumento fue respaldado por el parlamentario del PPC Javier Bedoya, quien incidió en el carácter individual del recurso legal.

“Las otras personas si querían acogerse al mismo derecho debían interponer sus respectivos hábeas corpus. Pero no es (correcto) que la señora Nadine lo plantee y se beneficie tutili mundi”, argumentó.

CUESTIONAMIENTO. Por su parte, el legislador fujimorista Rolando Reátegui, con documentación en mano, reveló que el juez que benefició a Heredia Alarcón, Juan Emilio Gonzales Chávez, fue “expulsado” por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2002.

“Fue separado por inepto y en el 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo repuso porque estaba ahí Diego García Sayán que se dedica a tratar de blindar a los suyos”, enfatizó.

Añadió que el magistrado tiene en su haber 39 juicios orales quebrados y 15 medidas disciplinarias, las que, dijo, dejan mucho que pensar sobre su honorabilidad.

Precisamente, este sería uno de los puntos que la Comisión de Justicia del Parlamento iba a tomar en cuenta para emitir un pronunciamiento en contra del polémico fallo judicial.

Sin embargo, la sesión del grupo de trabajo, presidido por Juan Carlos Eguren, que debió desarrollarse la tarde de ayer se vio frustrada por falta de quórum debido a que sus miembros oficialistas no se presentaron.

“(Estamos) alarmados por el contexto actual en el que el hábeas corpus se viene desnaturalizando para ser utilizado como garantía de impunidad de presuntos hechos delictivos graves”, se lee en el acuerdo N° 0002-2015-2016-CJ-DDHH/CR, que no pudo ser revisado ayer.

En dicho documento también exhortan al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a abrir investigación contra los magistrados de la Sexta Sala Penal.

Su pedido se extiende también a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) para que no pierda de vista el caso.

De otro lado, la Procuraduría del Ministerio Público, a cargo de Aurelio Bazán Lora, denunció penalmente a los miembros de la Sexta Sala Penal por declarar fundado el recurso legal que archiva la investigación por lavado de dinero que involucraba a Nadine Heredia Alarcón. El delito, en principio, sería el de presunto prevaricato. La denuncia fue presentada ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Lima y la Fiscalía Suprema de Control Interno.