Según el Premier, dicha instancia ha permitido a los peruanos “hallar justicia” cuando se han cerrado las puertas en el país, pero el titular de Justicia asegura que salida es un derecho previsto en el propio Pacto.

El tema del retiro del Estado peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha provocado opiniones divergentes dentro del Ejecutivo luego de que dicho organismo internacional admitiera 59 casos que involucran a 63 terroristas que buscan ser liberados e indemnizados por una presunta vulneración de sus derechos humanos.

Y es que mientras el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, no cierra las puertas a la posibilidad de que el país se retire de la jurisdicción de la CIDH; el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, echó por tierra dicha opción.

ARGUMENTOS. Gustavo Adrianzén reiteró ayer su rechazo a la reciente decisión de la Comisión y consideró “insólito” que haya admitido dichas peticiones.

“Es un peligro latente y por eso nuestra gran preocupación y profundo malestar. No solo nos van a poner a discutir con estos delincuentes terroristas, sino que además existe la posibilidad de que un informe no sea suficiente y nos pretendan acusar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que “la Comisión ha cometido un gravísimo error que está afectando al Estado peruano», por lo que es viable que el Perú se separe del Pacto de San José por tratarse de un “derecho”.

“En mi calidad de ministro de Justicia, espero no tener que, en lo personal, enfrentarme a un hecho de tal naturaleza. De ninguna manera (se descarta una salida del ámbito de la CIDH). Es un derecho que está previsto en el propio Pacto: la posibilidad de que uno se separe del mismo (…) Nosotros somos las víctimas, nadie más en este conflicto”, indicó en TV Perú.

Asimismo, informó que en el Ministerio de Justicia está a punto de culminar un informe donde «de manera detallada vamos a indicar cada uno de los casos y cuáles han sido las condenas que se han ordenado”.

VIGILANTES. Horas después, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, rechazó un eventual retiro de la Comisión Interamericana porque, según consideró, “cuando las puertas de la justicia se cerraron en el Perú, para muchos la Corte Interamericana fue precisamente una instancia que permitió a los peruanos que tuvieran justicia”.

“Lo que sí debemos es estar atentos y vigilantes para que la Corte actúe en base a los principios jurídicos que la rigen y no a prejuicios ideológicos y políticos, que es un cuestionamiento que se viene dando no solo en el Perú, sino también en algunos países de América Latina”, declaró.

Asimismo, dijo confiar en que la Corte le dará la razón al Estado peruano con respecto al caso “Chavín de Huántar”.

“El Estado considera que esa operación tuvo como propósito rescatar a personas secuestradas y no eliminar a terroristas. Está probado que en la actuación de los comandos no hubo por parte de ellos violación de derechos humanos”, afirmó ayer tras inaugurar una conferencia internacional sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

VERGUENZA. De otro lado, desde el Congreso de la República, algunos parlamentarios apoyaron la idea de retirar al Perú de la CIDH porque, a su juicio, dicha instancia estaría emitiendo fallos “que benefician a los terroristas”.

Para el congresista fujimorista Juan Díaz Dios, no solo necesitamos elevar un reclamo sino tomar una clara decisión política.

“Esta es la Comisión de la Vergüenza, una comisión que está atentando contra la seguridad del Estado peruano. Si insiste en esos fallos, estos deberían ser declarados por el Estado peruano como inejecutables y de inmediato deberíamos separarnos de la Corte, al menos para casos de terrorismo. No es posible que seamos débiles y permitamos que dejen libres a delincuentes que no dudarían en atacarnos como lo hicieron hace décadas (…) No podemos pecar de ingenuos”, comentó.

Del mismo modo, el congresista Yonhy Lescano (AP) sostuvo que el Gobierno peruano es responsable por no explicar ante la CIDH en qué circunstancias fueron procesados los terroristas.

“Lo que se tiene que hacer es que el Gobierno explique qué pasó. Hay un silencio, una desidia, una negligencia de no estar explicando la vulneración que hizo Sendero Luminoso y otros grupos terroristas en el Perú”, señaló.

Asimismo, indicó que la protesta que impondrá Gustavo Adrianzén “es una pataleta de ahogado”, porque no demostró en su debido momento que los terroristas fueron los verdaderos agresores.

POSICIÓN. Una singular posición tuvo el exministro de Justicia Francisco Eguiguren, quien expresó que “no es el fin del mundo” tras la admisión de los 59 casos en la CIDH, pues dependerá de la respuesta que brinde el Perú.

“Hace bien (en protestar el ministro), porque es bueno que la Comisión y la comunidad internacional sepan que el Gobierno del Perú es respetuoso de los derechos humanos (…). Lo que está diciendo (la protesta) es: mira, me molesta que estemos metidos en este asunto, ustedes no simplemente deberían admitir y correr traslado, sino aclarar un poco qué cosa es lo que están pidiendo”, declaró en RPP.