Subrayó que ha modificado su Estudio de Impacto Ambiental a fin de utilizar únicamente agua de mar construyendo una planta desalinizadora.
El Grupo México expresó hoy su «compromiso con Perú y con todas las comunidades de este gran país de vocación minera» y aseguró haberse ceñido a la legalidad y las normas internacionales, ante las protestas contra el proyecto minero Tía María.
En un comunicado emitido en México, el Grupo México afirmó que «en las varias décadas en las que la empresa ha invertido responsablemente y trabajado de la mano de la comunidad peruana, en todo momento se ha comportado con la más estricta ética y con absoluto apego a la ley y respeto a las instituciones».
Añadió que siempre ha cumplido «con las más estrictas normas internacionales y disposiciones de las autoridades del Perú para desarrollar una minería sustentable y acorde al siglo XXI».
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De acuerdo con la compañía, durante los años en que se ha gestado el proyecto Tía María, «se ha asegurado paso a paso de obtener todas y cada una de las autorizaciones requeridas y de incluir a las comunidades a través del Procedimiento de Participación Ciudadana».
«Todo esto con el objeto de construir juntos (autoridades, la empresa y las comunidades) un motor de derrama económica en la región (Arequipa) que a través de crecimiento sostenible y responsable genere más de 2.600 empleos directos e indirectos durante los próximos 20 años, contribuyendo a un mejor desarrollo social», expuso.
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El Grupo México refirió que se invertirán 1.400 millones de dólares en el proyecto Tía María, que producirá 120.000 toneladas de cobre electrolítico por año bajo el método de lixiviación y extracción por solventes, el cual es «mundialmente reconocido como el mejor en minimizar el impacto ambiental».
Asimismo, subrayó que ha modificado su Estudio de Impacto Ambiental a fin de utilizar únicamente agua de mar, «transportándola por más de 25 kilómetros y a mil metros sobre el nivel del mar, construyendo una planta desalinizadora con una inversión de 95 millones de dólares adicionales para su uso en el proceso productivo».
«De esta forma, la empresa garantiza que el agua de pozos y presas del Valle del Tambo será utilizada exclusivamente para la agricultura y consumo humano», apuntó.
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La compañía dijo desconocer cuáles pudieran ser los intereses de los activistas que se oponen al proyecto, que han logrado retrasarlo «a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas».
Finalmente, reiteró su «total respeto a la legislación e instituciones» del país suramericano, así como su «confianza en las autoridades peruanas y en que prevalecerá el Estado de derecho y la seguridad jurídica, como siempre ha correspondido en el Perú».
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Como se recuerda, Southern Copper, filial de Grupo México, anunció una «pausa» de dos meses en el proyecto para conversar con sus opositores, en un intento por frenar las protestas en la provincia de Islay, que en más de 50 días han dejado 3 muertos y más de 200 heridos.