Desde el pasado 10 de noviembre, pobladores de la comunidad campesina de Uchuccarco, distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, sostienen una paralización contra el proyecto minero Constancia, de la Canadiense HudBay.
Con una superficie de 22.516 hectáreas y 36 concesiones de minerales, el citado proyecto se ubica en los distritos de Velille, Livitaca y Chamaca, todos ubicados en la provincia de Chumbivilcas, y compromete territorios de las comunidades de Chilloroya y Uchuccarco. Actualmente se encuentra en proceso de exploración, y está previsto para la extracción a tajo abierto de cobre, molibdeno y plata, proyectándose su producción comercial hasta el 2015.
Según los pobladores de Uchuccarco, HudBay ha incumplido en varias partes, los acuerdos asumidos mediante un convenio suscrito en el año 2012. Por este “Contrato de autorización de uso de terreno con fines mineros y convenio de desarrollo social”, la comunidad autorizó a la empresa el uso y disfrute del terreno denominado “Sector Sayhualoma”, que tiene un área de 256.5 hectáreas, con fines de exploración y explotación minera a tajo abierto.
Como contraprestación, la empresa minera se comprometió a pagar 80 millones de Nuevos Soles, de la siguiente forma: 20 millones a la firma de la escritura pública, 10 millones luego de inscrito el convenio en Registros Públicos; 10 millones en maquinarias; 30 millones a través de la ejecución de obras en educación, salud, sectores agropecuario y productivo, y en el aspecto social. La implementación de estos acuerdos se haría a través del Comité Multisectorial para el Desarrollo, conformado por tres representantes de la empresa y cinco de la Comunidad. Según el convenio el Comité debe aprobar por unanimidad los proyectos a ejecutar, previa evaluación de la pertinencia de su calidad e impacto en la población. En el mismo convenio se acuerdo, además, otorgar 400 a 600 puestos de trabajo a los miembros de la comunidad. Sin embargo estos acuerdos no habrían sido cumplidos del todo.
Además, en julio del mismo año, la comunidad entregó a HudBay una propuesta de modificación al contrato inicial, en base a la cual se firmó una adenda que destacaba: “que la vida útil del proyecto Constancia ocurrirá en un plazo no menor de 15 años; la empresa pagará a los trabajadores de la comunidad 68 nuevos soles diarios, brindará estabilidad laboral; monitoreo participativo de la calidad del agua y del aire, conformando un comité de vigilancia ambiental”. Del mismo modo, la empresa se comprometió a respetar los derechos humanos, la libre expresión y opinión, y a no interferir en la vida política de la comunidad. Todos estos compromisos podrían ser revisados cada año, de acuerdo las posibilidades de la empresa y las necesidades de la comunidad.
Un dato adicional es que el 14 de diciembre del 2013, la empresa firmó, con la Municipalidad Distrital de Chamaca, un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional por la Responsabilidad Ambiental y Social para el Desarrollo Sostenible de Chamaca.
Situación actual del conflicto.
La comunidad ha alcanzado una plataforma de lucha en la que plantea varias demandas, la misma que fue enviada, el 29 de octubre del 2014, a Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. En el documento se hace énfasis en que “el primer punto sustancial de la protesta tiene que ver con el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, tanto en el contrato como en la primera adenda…”. También señala que “…estos incumplimientos han sido aclarados y pedidos en las asambleas bilaterales, con documentos notariales dirigidos a Hudbay, incluso desde marzo del 2014. Sin embargo, hasta el momento no hay disponibilidad positiva de la empresa…”
Otro punto importante de la plataforma de lucha es el incumplimiento de las leyes ambientales por parte de las propias instituciones del Estado. Por ello, se pide al Ministerio del Ambiente y otras instituciones que cumplan con el levantamiento de la línea de base ambiental y con el monitoreo ambiental participativo. Los dirigentes señalan que se han realizado pedidos de información desde el año 2013, al Ministerio de Ambiente (MINAM), a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), pero que no recibieron respuesta alguna en su momento.
De otro lado, se ha sabido que la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM solicitó información a la empresa minera y a las autoridades sectoriales del gobierno nacional, para que desarrollen acciones de prevención y así evitar el escalamiento del conflicto. Sin embargo, estos pedidos solo fueron atendidos en este mes de noviembre; es decir, una vez que estalló el conflicto.
Por lo pronto, entre el 10 y 12 de noviembre, se han registrado enfrentamientos entre pobladores de Uchuccarco y efectivos policiales. Ha habido algunos detenidos y varios heridos, entre los cuales figuran cuatro mujeres, y se han reportado abusos y maltrato policial.
Se sabe que existen conversaciones para instalar una Mesa de Diálogo. Sin embargo, todavía no hay acuerdos sobre este punto, ya que existen varias condiciones que ni la comunidad, ni la empresa quieren aceptar. Cristian Miranda Meza, coordinador del Comité Ambiental de la Comunidad de Uchuccarco, ha informado que existe una posibilidad de diálogo entre las partes del conflicto.
Es de esperarse que se preste atención prioritaria a este conflicto, que podría agravarse, ya que varias comunidades aledañas han anunciado que se sumarán a las protestas, en apoyo a Uchuccarco.