Organizaciones de afectados por la violencia política de Ayacucho levantaron su voz de alerta ante el retraso de la instancia judicial en la emisión de la orden de desalojo del grupo de personas que se han posesionado ilegalmente de parte de los terrenos de la Hoyada, donde se tiene planificado la construcción del Santuario de la Memoria. Esta situación también está retrasando una serie de trabajos del gobierno regional de Ayacucho para proteger este terreno, así como emprender la construcción del Santuario.
El abogado Yuber Alarcón, integrante del Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho, dijo que el titular del juzgado que lleva este caso, ha sido cambiado hasta en tres oportunidades, situación que también ha contribuido a que no se programe el desalojo. Alarcón refirió que en el mes de junio se tenía programado un desalojo, pero se postergó porque los invasores de los terrenos solicitaron una medida cautelar ante el juzgado y ésta lo elevó a la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho para su calificación.
“En esta instancia, que es la Sala Penal de la corte de Ayacucho se confirmó que se realice el desalojo y se desestimó la medida cautelar que solicitaron los invasores. Esta decisión fue devuelta al juzgado hace más de dos semanas, pero la nueva titular donde se lleva el caso, aún está esperando que la fiscalía devuelva el expediente original juntamente con la acusación fiscal para poder, en base a ello, programar el desalojo”, explicó Alarcón.
Asimismo, el ex presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho (CORAVIP), Felimón Salvatierra, manifestó su malestar porque hasta el momento la instancia judicial no ha reprogramado este desalojo, generando suspicacias entorno a su imparcialidad: “lo único que demandamos es que la instancia judicial reprograme el desalojo, porque se debe respetar que estos terrenos son de propiedad del gobierno regional y que están destinados a la construcción del Santuario de la Memoria”, expresó.
De otro lado, Salvatierra exigió que la Procuraduría del gobierno regional de Ayacucho (GRA), solicite de forma inmediata al Tercer Juzgado Liquidador que programe el desalojo. Asimismo, Yuber Alarcón indicó que la dilatación de este proceso judicial con los posesionarios ilegales, no está permitiendo culminar con el cerco perimétrico que ejecuta el GRA y tampoco cerrar este proceso para pedir posteriormente la formulación del perfil y expediente para la construcción del Santuario de la Memoria. “Tampoco está permitiendo cambiar el uso de las 7 hectáreas para el santuario y su inscripción en registros públicos”, expresó.