Existen 12 que lo ubican en el octavo lugar. Nueve de ellos son entre las comunidades y empresas mineras al interior de la región.
La región Ayacucho reportó hasta el mes de setiembre doce conflictos sociales y que lo ubican en el octavo lugar a nivel nacional dentro del grupo de regiones vulnerables.
Mientras que a nivel nacional se reportó 214 conflictos sociales, de acuerdo al último informe mensual de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
El informe precisa que el problema involucra tanto a sectores institucionales como a privados.
La Defensoría del Pueblo precisó que de los conflictos reportados en Ayacucho, once son activos y uno latente.
Asimismo, nueve de ellos son socioambientales, generados entre las comunidades campesinas y las empresas extractivas de minería.
Jorge Fernández, representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, dijo que estos conflictos se vienen tratando en diversos espacios de diálogo y que se pueden evitar socializando con las comunidades.
Precisamente, en los nueve conflictos referidos entre las comunidades y empresas mineras donde hasta hubo enfrentamientos de ambos bandos, los comuneros rechazan su presencia, mientras que las empresas buscan el diálogo a fin de ofrecerles beneficios sociales.
“Ayacucho se encuentra en el mapa de los conflictos sociales porque se presentan actividades mineras en casi todas la provincias, especialmente al sur de la región. Sin embargo, no debemos olvidarnos que también se presentan conflictos limítrofes entre comunidades campesinas, distritos y hasta provincias interregionales principalmente”, precisó Fernández.
NACIONAL. Por otro lado, el reporte de setiembre indica que la mayor parte de los actuales problemas sociales a nivel nacional se concentran en las regiones Apurímac (22 casos), Áncash (20 casos), Puno (19), Cusco (16), Piura (15 casos), Cajamarca (14 casos), Loreto (13 casos), Ayacucho y Junín (12 casos), es decir, a nivel nacional existen 214 hechos.
En el tema de las instancias competentes para los conflictos sociales, el Gobierno Central es el que resuelve 137 casos, es decir el 64% de los registrados. A nivel regional, 42 casos (19.6%) y a nivel local, 22 casos (10.3%).
REPORTE. El director de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho, Uriel Ramos Alarcón, mencionó que su oficina también interviene en la solución de los conflictos sociales referido a los temas socioambientales, a manera de diálogo.
“Nosotros como Energía y Minas no nos quedamos con los brazos cruzados, porque también intervenimos a través del diálogo entre los representantes comunales y empresarios mineros”, señaló.
Por su parte, el analista política Enrique Moya Bendezú expresó que el Ejecutivo ya no tiene acciones preventivas respecto a los conflictos sociales, pues se estaría desentendiendo.
Además, el Gobierno habría perdido las oportunidades para solucionar los conflictos sociales. Por otro lado, sugirió a los candidatos al Congreso a enfocarse en la solución de estos temas.
MINERÍA. conflictos activos preocupan al Estado peruano. El informe de la Defensoría del Pueblo precisa que de los 214 conflictos reportados a nivel nacional, 150 son conflictos activos y 64 conflictos latentes. De los registrados, 78 se encuentran en proceso de diálogo.
Sin embargo, hasta la fecha el gobierno peruano no sabe cómo desarrollar un diálogo que favorezca a ambas partes, especialmente a las comunidades alto andinas que no aceptan la presencia de empresas extractoras en las zonas consideradas como ojos de agua.