Consejeros votaron por informe sin conclusiones, con el afán de perseguir sus propios intereses.

Desde que el suspendido gobernador regional, Wilfredo Oscorima Núñez, entró en la clandestinidad tras haber sido sentenciado a cinco años de cárcel, el cargo en el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) estuvo sólo de encargatura, primero al vicegobernador Víctor de la Cruz y luego, en su ausencia, al consejero Rubén Loayza.

Esta situación ha generado descontentos por parte de los consejeros regionales, quienes encargaron a la Comisión de Ética para que investigue si es legal o ilegal esta encargatura.

DESACUERDO. TRAS PRESENTARSE EL INFORME, QUE NO CONTENÍA UNA CONCLUSIÓN SOBRE LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN (LEGALIDAD O NO DE LA ENCARGATURA), SE GENERÓ UN DIVISIONISMO EVIDENTE ENTRE LOS CONSEJEROS, DONDE ALGUNOS QUE SE DENOMINAN COMO ‘OPOSITORES’ EXIGÍAN QUE SE PROFUNDICE EN LA INVESTIGACIÓN, OTROS QUE ESTUVIERON A FAVOR DEL OFICIALISMO Y POR ENDE A FAVOR DEL CONSEJERO RUBÉN LOAYZA PEDÍAN QUE SE SOMETA A VOTO EL INFORME DONDE SÍ QUEDABA APROBADO, SIGNIFICABA QUE LA ENCARGATURA ERA ILEGAL, MIENTRAS QUE SI SE RECHAZABA, SIGNIFICABA QUE ERA LEGAL.

Los consejeros que defendían la ilegalidad, como Alix Aponte, Deysi Pariona, Aníbal Poma, Jorge Julio Sevilla, Digna Emérita y Víctor Hugo Pillaca, referían que los consejeros fueron elegidos para legislar y fiscalizar y no para dedicarse a acciones que tengan que ver con el ejecutivo y calificaron la encargatura como ‘usurpación de funciones’.

Pero los consejeros oficialistas, entre ellos Lisbeth Ucharima, Rubén Escriba, Nilton Salcedo y los restantes, sólo exigían someter a voto, con la finalidad de ser mayoría y dejar sin efecto el informe, situación que se reflejó al momento de la votación donde seis votaron a favor y la mayoría votó en contra del informe.

Es más, a la mayoría de los oficialistas poco les interesó que el informe esté inconcluso, es decir, que no tenga las conclusiones necesarias y rechazaron el pedido de que retorne a la comisión de Ética.

Tras este resultado, el presidente del Consejo, Víctor Hugo Pillaca refirió que cualquier consejero podría continuar investigando el caso en otras instancias y en caso se haya incurrido en una falta, serían responsables de sus actos y votos.